Analizamos el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas para Expansión

Recientemente acaba de entrar en vigor el impuesto a las grandes fortunas que se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, para gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros.

Esta modificación penaliza a las personas que cuentan con una discapacidad psíquica igual o superior al 33%, o física o sensorial igual o superior al 65%, ya que a este colectivo se les aplican los mismos parámetros que al resto de la población y, en consecuencia, deberán pagar el nuevo tributo si su patrimonio supera los 3 millones de euros.

Nuestra Tax Manager, socia del bufete y especialista en en gestión de patrimonios, Blanca Llopart de Mercader explica para Expansión, el periódico de referencia en economía e información de mercados, que el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas supondrá la tributación de los patrimonios protegidos que, hasta ahora, tenían bonificado su gravamen en el impuesto sobre el patrimonio en diversas comunidades autónomas.

En la aportación Llopart apunta que es paradójico que el nombre oficial que el Gobierno ha puesto al recargo sea el de "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas", ya que resulta curioso hablar de solidaridad ante el impacto que tiene entre quien realmente lo necesita, ya que estos recursos únicamente pueden destinarse a garantizar las necesidades vitales del beneficiario y nunca puede dilapidarse.

Desde 2003, la legislación contempla una regulación específica para los denominados patrimonios protegidos. Este tipo de fondos, gozan de deducciones tanto del impuesto del Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones, y proceden de aportaciones que han hecho los familiares de la persona con discapacidad, ya sea en forma de derechos o de bienes.