El próximo día 3 de octubre de 2026 entrará en vigor la Ley 8/2026, de 2 de julio, de la erradicación del amianto, que busca retirar la totalidad del amianto en los inmuebles ubicados en Cataluña, y minimizar los efectos negativos de provoca sobre las personas.

Esta normativa, aunque entra en vigor ahora, necesita de un desarrollo reglamentario que aún no ha sido aprobado por el Govern de Cataluña.

¿A quién afecta?

La ley aplica a todas las personas físicas y jurídicas que residan o presten servicios en el ámbito territorial de Cataluña y que sean titulares de bienes muebles e inmuebles en Cataluña.

Las obligaciones contenidas en la ley recaen también sobre los dedicados a la gestión y retirada de los materiales que contienen amianto y sobre los administradores de fincas y demás profesionales vinculados al sector de la gestión inmobiliaria. Asimismo, la ley impone al propietario, en su calidad de particular, la obligación directa de mantener su inmueble libre de materiales que contienen amianto una vez detectada su presencia y de adoptar las medidas necesarias para su retirada.

¿En qué ámbitos tendrá afectaciones?

A partir de la entrada en vigor será obligatorio entregar un certificado de presencia o ausencia de materiales que contengan amianto, y que tendrá afectación sobre las siguientes operaciones:

Compraventas inmobiliarias

• Cualquier tipo de compraventa inmobiliaria, que incluye tanto viviendas, locales, oficinas, naves industriales o, incluso, terrenos sin edificar que pueden estar contaminados con amianto.

• Este certificado deberá aportarse por parte del propietario vendedor y se deberá entregar en el momento de la entrega del inmueble.

Arrendamientos de inmuebles

• Quedan afectados todo tipo de arrendamientos de cualquier tipo de inmueble de la misma manera que las compraventas, por lo que deberá entregarse siempre el certificado de existencia o ausencia de amianto.

El año 2001 se prohibió el uso de amianto, así que este tipo de materiales dejaron de usarse a partir de 2002. Aunque es previsible que el reglamento de desarrollará la norma prevea una exoneración en las operaciones con inmuebles a partir de dicha fecha, la norma no los distingue.

¿Qué debe contener el certificado y quién lo emite?

El contenido del certificado será desarrollado mediante reglamento, pero en ausencia de este, el certificado deberá acreditar, como mínimo, la presencia o ausencia de amianto visible, el estado de conservación de los materiales que contienen amianto y el riesgo que pueda suponer para las personas.

También se encuentra pendiente que se determine quién lo emitirá, pero debido al contenido del mismo, entendemos que debe ser emitido por un arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero que pueda certificar que existe de forma aparente.

¿Qué pasa si no se entrega el certificado?

Existe un régimen sancionador incluido en la normativa, que incluye sanciones de entre 100€ a 100.000€, dependiendo la gravedad de la infracción.

Este régimen sancionador no será de aplicación hasta la aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley, pero hasta su aprobación, se aplicará la normativa ambiental, que si bien la ley no hace una remisión expresa, entendemos que en Cataluña puede ser la Ley 20/2009 de 4 de diciembre de prevención y control ambiental de las actividades, a falta de confirmación por parte del Govern catalán sobre la normativa de aplicación de sustitución.

Por lo tanto, a fecha de su entrada en vigor la ley plantea serias dudas respecto a su aplicación práctica, debiendo estar pendientes de la aprobación del reglamento que la desarrolle.

En cualquier caso, es previsible que en caso de operaciones de transmisión de inmuebles, el registrador de la propiedad deniegue la inscripción en caso de no aportación del certificado.