La ocupación de viviendas en España: retos legales y prácticos para los propietarios

El pasado 4 de enero de 2026, Carlos Muñoz, socio de CIM Tax & Legal, compartió su visión sobre este tema en un reportaje publicado por Clara Rojas en El Mundo, titulado "Así negocié con los okupas para recuperar mi casa: 'Te sientes como un delincuente'". El reportaje recoge testimonios de propietarios que, ante la lentitud de los procesos judiciales y la falta de alternativas habitacionales, optan por acuerdos extrajudiciales con los ocupantes para recuperar sus viviendas.

Estos acuerdos suelen implicar, en algunos casos, la condonación de deudas acumuladas por impagos de alquiler y suministros. Además, reflejan cómo los propietarios se ven obligados a asumir un papel que corresponde a los Servicios Sociales y a la Administración, gestionando directamente la recuperación y protección de sus inmuebles, y asumiendo el coste económico que ello conlleva.

El Real Decreto 11/2020 y el escudo social

El origen de estas situaciones se encuentra en el Real Decreto 11/2020, diseñado como un escudo social de carácter temporal durante la pandemia para proteger a hogares vulnerables. Este Decreto establecía la suspensión de desahucios y la prórroga de contratos de alquiler para quienes no contaban con alternativa habitacional, así como la creación de programas de ayuda para compensar a los propietarios por la moratoria de deudas.

Si bien la medida surgió en el año 2020 por la crisis del COVID-19, ha sido prorrogada en los años siguientes para adaptarse a nuevas situaciones, como la inflación, los efectos de la guerra en Ucrania o casos de violencia de género. No obstante, su aplicación práctica ha generado retrasos significativos en las ejecuciones judiciales y lanzamientos, así como la asunción de un coste económico para los propietarios, que en muchos casos deben esperar meses o incluso años para recibir las ayudas correspondientes.

La realidad práctica: propietarios que asumen la gestión social

Según Carlos, aunque la legislación prioriza la protección de inquilinos vulnerables, en la práctica los propietarios terminan asumiendo la responsabilidad económica y logística. La saturación de los Servicios Sociales, la revisión periódica de expedientes y la dificultad para comprobar la situación real de los ocupantes dificultan la resolución de los casos. Esto provoca un desgaste económico y emocional importante para los propietarios, que en ocasiones se ven obligados a retirar sus propiedades del mercado del alquiler para evitar riesgos.

Además, el artículo recoge cómo la diferencia entre ocupantes morosos y hogares vulnerables no siempre se gestiona adecuadamente, lo que puede generar situaciones injustas para los propietarios.

La necesidad de medidas urgentes y efectivas

La situación actual evidencia la necesidad de medidas legislativas y administrativas más ágiles que protejan tanto a los inquilinos vulnerables como a los propietarios. Es fundamental que los recursos del Estado se complementen con un seguimiento más eficiente de los casos y que se evite que los particulares tengan que asumir un rol que debería ser responsabilidad de los servicios públicos.

La ocupación de viviendas en España es un problema complejo que requiere un enfoque equilibrado: proteger a los hogares vulnerables sin desproteger a los propietarios que invierten y mantienen inmuebles para alquiler. Desde CIM Tax & Legal, creemos que la prevención y el asesoramiento legal especializado son herramientas clave para resolver estos conflictos de forma segura y eficiente.

Para más información sobre este tema, te invitamos a leer el artículo completo de El Mundo: https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2026/01/04/695796e8fc6c83d1638b457c.html

Desde CIM Tax & Legal, agradecemos a El Mundo por confiar en nuestros profesionales para aportar su análisis sobre este tema.