El diario elEconomista ha publicado un artículo sobre la reanudación de los desahucios paralizados desde 2020 tras la derogación del decreto ómnibus. En él, la periodista Eva Díaz junto con Carlos Muñoz, socio de CIM Tax & Legal, analizan los retos legales y prácticos que enfrentan los propietarios afectados.

Este suceso ha provocado la reactivación de cerca de 60.000 procedimientos de desahucio que permanecían suspendidos desde la pandemia. El levantamiento de esta medida permite a los propietarios volver a solicitar en los juzgados la continuación de los procesos para recuperar sus viviendas, aunque como Carlos explica, los plazos y trámites varían en función del tipo de arrendador.

Los particulares pueden solicitar que se levante la suspensión y que se fije fecha para el lanzamiento, con un plazo de dos meses para que los servicios sociales busquen alternativas habitacionales para los inquilinos vulnerables. En el caso de los grandes tenedores, la Ley de Vivienda exige acreditar ante el Juez haber realizado un intento previo de conciliación o mediación con el arrendatario a través de los Servicios Sociales, lo que, en caso de no haberlo hecho en los últimos cinco meses, puede alargar significativamente los tiempos.

El socio de CIM Tax & Legal advierte además de la saturación de algunos juzgados, lo que podría retrasar la ejecución efectiva de los lanzamientos varios meses, incluso en aquellos procedimientos que ya estaban prácticamente resueltos antes de la suspensión.

El artículo también aborda la cuestión de las compensaciones económicas que las comunidades autónomas pueden otorgar a los propietarios por los impagos durante la moratoria, que no siempre cubren la totalidad de la renta dejada de percibir, y cuyo plazo para solicitarlas finaliza el 2 de febrero de 2026.

CIM Tax & Legal destaca que aunque la reanudación de los procedimientos de desahucio se haya iniciado, los plazos finales dependerán de la saturación de los juzgados y de la tramitación de los servicios sociales, lo que hace imprescindible que los propietarios actúen con rapidez para proteger sus derechos.

Agradecemos a elEconomista y a la periodista Eva Díaz por confiar en el análisis y la experiencia de nuestro equipo.

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