In Andorra

Las fundaciones públicas y privadas andorranas se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento.

El Gobierno de Andorra ha aprobado el Reglamento regulador del Registro de Prestadores de Servicios a Fideicomisos e Instrumentos Jurídicos Análogos, que establece el acceso a la información por parte de la Administración tributaria, el Ministerio de Finanzas, las autoridades judiciales y la Fiscalía, entre otros, a un registro específico de nueva creación para los profesionales o cualesquier otra persona, residentes o no, que operen en el Principado de Andorra y que gestionen relaciones o acuerdos fiduciarios de cualquier tipo, fideicomisos y fundaciones públicas o privadas, estén o no sujetas al derecho andorrano. Las fundaciones públicas y privadas andorranas se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento, puesto que su marco normativo permite a las autoridades competentes tener acceso a cualquier información requerida, y regula en detalle el acceso a la información sobre los fideicomisos o trusts y sus beneficiarios efectivos

La nueva regulación desarrolla el artículo 68.6 de la Ley 21/2014 de bases del ordenamiento tributario que ordena establecer y desarrollar por la vía reglamentaria un registro específico de los profesionales o cualesquiera otras personas, residentes o no, que operen en el Principado de Andorra y que gestionen relaciones o acuerdos fiduciarios de cualquier tipo, fideicomisos (trust), fundaciones públicas o privadas o cualquier otro vehículo análogo, estén o no sujetos al derecho andorrano; cuya regulación es fruto de las recomendaciones del Foro Global de la OCDE en el ámbito del cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio de información a efectos fiscales y las recomendaciones del Moneyval en el ámbito de la prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo, a la vez que se adapta al contenido en las directivas de la UE.

El Reglamento regula en detalle el acceso a la información sobre los fideicomisos o trusts y sus beneficiarios efectivos y establece la obligación de comunicar a este registro la información relativa en los beneficiarios de las relaciones o acuerdos fiduciarios, fideicomisos (trust), fundaciones públicas o privadas o cualquier otro vehículo análogo, así como la información relativa a las personas que establezcan los acuerdos y los pagos efectuados en los eventuales beneficiarios de las rentas obtenidas.

Debe declararse los beneficiarios efectivos y las rentas y/o beneficios obtenidos anualmente

El Reglamento regula, en particular, la obligación de inscripción al Registro de los prestadores de servicios a fideicomisos o trusts extranjeros e instrumentos jurídicos análogos, el suministro de la información relativa a los beneficiarios efectivos, el mantenimiento actualizado de esta información y la obligación de conservar documentación inherente al cumplimiento del mandato legal que contiene el apartado 6 del artículo 68 de la Ley 21/2014.
Adicionalmente, la disposición adicional segunda de la Ley 14/2017, del 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo establece que los profesionales que participen, actuando en nombre y por cuenta de su cliente, o presten asistencia en la planificación o la realización de operaciones por cuenta de su cliente relativas a la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades y la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades, asociaciones, fundaciones o estructuras análogas, y que no están dados de alta en un colegio profesional oficialmente reconocido para ejercer su actividad, tienen que comunicar al ministerio competente en materia de economía, con carácter previo al ejercicio de su actividad, las actividades que pretenden ejercer. El apartado 3 del artículo 3 de la Ley 14/2017 define el concepto de beneficiario efectivo en el caso de fideicomisos, fundaciones y estructuras similares a los fideicomisos.

Las personas obligadas tendrán que cumplimentar los formularios oportunos antes del 6/5/2019

Estas disposiciones se dirigen, entre otros objetivos, al control de los fideicomisos o trusts extranjeros no reconocidos por la legislación del Principado y figuras análogas, sujetas o no al derecho andorrano, que pueden ser gestionados por administradores o gestores (trustees) que operan con carácter profesional o no en el territorio andorrano.

Las personas obligadas que a la fecha de entrada en vigor del Reglamento operen en el Principado de Andorra tienen que presentar al Registro los formularios en los términos que establecen los artículos 7 y 9, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento

 

Manel Casal
Abogado

Recent Posts

Dejar un comentario

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.