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Tras el primer artículo realizado sobre las ventajas fiscales que podrían generarse en caso de efectuar aportaciones a un patrimonio protegido a título gratuito en la vida del aportante, nos centraremos ahora en el tratamiento fiscal de las aportaciones a título gratuito a un patrimonio protegido cuando se realicen mortis causa y algunas especialidades como las aportaciones de los no residentes, las aportaciones de personas jurídicas y la pérdida de los beneficios en caso de disposición de los bienes.

En primer lugar, cabe afirmar que, los padres que ostenten una representación legal de sus hijos pueden decidir en testamento la constitución de un patrimonio protegido produciendo los efectos mortis causa.

Lo primero que hay que analizar, dado que los bienes aportados son del causante, es si puede practicarse una reducción en la base imponible del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio del fallecimiento, cuyo periodo impositivo finaliza con la muerte y es el momento que se devenga el impuesto o si en cambio se aplica la atribución gratuita percibida íntegramente en el marco del Impuesto sobre Sucesiones.

La propia Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad no restringe en ningún momento a las aportaciones inter vivos, pero es cierto que los beneficios fiscales están ligados a fomentar las aportaciones en vida y continuada en el tiempo.

Con relación a la reducción en la base imponible a favor de las aportaciones únicamente se condiciona al parentesco y a su afectación al patrimonio protegido. Pero, por el contrario, si la aportación se realiza después del fallecimiento cuando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya se ha devengado no procede su disfrute.

Con respecto al Impuesto sobre sucesiones, la tributación depende de cada comunidad autónoma. Cataluña limita el beneficio fiscal a las donaciones o transmisiones lucrativas inter vivos por lo cual deja fuera exclusivamente a las transmisiones mortis causa.

Aportaciones de no residentes:

Las aportaciones de familiares no residentes a patrimonios protegidos no gozan de reducción alguna en el impuesto de la renta de los no residentes ni el beneficiario se puede aplicar la exención del artículo 7 del Impuesto Renta de las Personas Físicas.

Con respecto a este tema ha habido bastantes opiniones contrapuestas, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha declarado en numerosas ocasiones que un Estado Miembro no permita a un no residente acogerse a determinadas ventajas fiscales que concede a un residente no es discriminatorio ya que el Impuesto sobre la renta de las personas Físicas grava la renta mundial y el impuesto sobre no residente normalmente grava sólo los rendimientos obtenidos en el territorio del Estado, por lo cual no son comparables.

También es posible que suceda, al contrario, que un familiar de la persona con discapacidad se traslade a vivir a España y que la persona titular del patrimonio resida en el extranjero.

La práctica de las reducciones no está condicionada legalmente a la residencia del beneficiario sino a la residencia del aportante que es el contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Para analizar la fiscalidad del beneficiario en todo caso habría que examinar los Convenios de Doble Imposición aplicables y que variará dependiendo del país.

Aportaciones de personas Jurídicas:

La Ley 41/2003 introdujo un incentivo para incentivar las aportaciones de sociedades a patrimonios protegidos de sus trabajadores, aplicando una deducción del 10% de deducción, pero esto fue eliminado en la ley del Impuesto de Sociedades.

Según la doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos para que las aportaciones sean deducibles es preciso que éstas sean realizadas en el marco de sus relaciones laborales con sus trabajadores, ya que sino nos encontraríamos dentro de lo que consideran una liberalidad. Aquí es importante tener en cuenta los usos y costumbres con respecto al personal de la empresa.

Pérdida de los beneficios fiscales en caso de disposición de bienes:

El artículo 54 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas establece que la disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido en el periodo que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes generará la presentación de una autoliquidación complementaria más los intereses de demora que correspondan por la aplicación de las reducciones indebidamente practicadas. Es decir, que existe una regla de mantenimiento de 4 años.

Por el otro lado también el titular del patrimonio protegido deberá integrar en la base imponible la parte de la aportación que hubiera dejado de integrar.

En cambio, si la aportación fue no dineraria, el diferimiento de la plusvalía no se ve afectado por la disposición del bien afectado ya que la Ley de IRPF estima que no hay ni ganancia ni pérdida patrimonial sino una subrogación con respecto a la fecha y valor de adquisición de los bienes.

En resumen, a la hora de realizar las aportaciones es necesario tener en cuenta y analizar detenidamente el tipo de aportación, si es inter vivos o mortis causa, los sujetos intervinientes, parentesco, residencia, etc.… ya que varían mucho los escenarios y así, poder optimizar la fiscalidad de dichas operaciones.

 

 

 

Daniela Petruzzi 
Abogada

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